La solución para evitar que los partidos políticos manejen tus datos

Hace algún tiempo, desde nuestro blog hemos puesto de manifiesto la problemática que lleva aparejada la publicación de la nueva LOPD-GDD en lo que respecta a los tratamientos de datos que podrán hacer los partidos políticos.

Se llegó a la conclusión de que adoptar la base de legitimación del interés público para otorgar licitud al tratamiento que pueden hacer los partidos políticos con nuestros datos ideológicos, confeccionando ciertos perfilados que suponen una gran ayuda para sus campañas, resulta cuanto menos preocupante en una sociedad que debe garantizar el derecho a la protección de datos.

Así las cosas, esbozábamos la “solución” para evitar ser objeto de este tipo de prácticas y, como no podía ser de otra manera, pasa por ejercitar cierto contenido de los famosos derechos ARSO. En concreto, el derecho a la oposición y posterior supresión de los datos.

En efecto, la LOREG contempla que se pueda ejercitar el derecho de oposición de un modo sencillo y gratuito. Pero este apartado podría haber ido un poco más allá para facilitar el ejercicio del derecho de oposición.
En cualquier caso, se debe recordar que este tipo de prácticas no se considera “comunicación comercial”, pero ello no obsta para que, en una posición más garantista para los ciudadanos se hubiese incluido un texto similar al que contempla la Ley 34/2002 en su artículo 21.2 “in fine”, que viene a decir lo siguiente:

Cuando las comunicaciones hubieran sido remitidas por correo electrónico, dicho medio deberá consistir necesariamente en la inclusión de una dirección de correo electrónico u otra dirección electrónica válida donde pueda ejercitarse este derecho, quedando prohibido el envío de comunicaciones que no incluyan dicha dirección.

La supresión como medida final

Finalmente, y siguiendo con este derecho de oposición, no habría estado tampoco de más haber articulado directamente un derecho de supresión. El RGPD lo permite, ya que el artículo 17.1.e) recoge la posibilidad de supresión en base al cumplimiento de una obligación legal

En cualquier caso, la recomendación será ejercer el derecho de oposición a este tipo de tratamientos y, en caso de que no lleve aparejada la supresión final, solicitarla posteriormente.

 

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